Más de $4 billones, (unos 1.200 millones de dólares), han recaudado captadoras ilegales en el país en los últimos tres años y medio.

De esa exorbitante cifra la Superintendencia de Sociedades, apenas ha logrado recuperar el 29% lo que causa un grave impacto económico a miles de familias.

Jaime Galavís, asesor de la Superintendencia de Sociedades, dijo a Zona Cero que el 29% recuperado se divide en partes iguales y se les devuelve a las personas que cayeron en manos de esas captadoras ilegales. 

“Se hace, no a prorrata de lo que las personas hayan entregado, sino que el interventor tendrá la facultad de recoger todos los bienes que se encuentren de aquellas personas que hayan participado de manera directa o indirecta, lo reparte en partes iguales entre aquellos que demostraron que fueron afectadas. No prorratean de lo que ellos aportaron. El que más ha entregado dinero es el que más pierde”, aseguró. 

Esta conducta continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en Colombia y por ello, las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y la Financiera mantienen acciones conjuntas para prevenir este delito y proteger a los ciudadanos.

“Son cifras muy importantes que las personas pierden y que generan bastante impacto en su vida social y familiar”, dijo Galavís. 

Precisó que las ciudades capitales, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, son los escenarios donde mayormente se registra la captación ilegal. 

El asesor del superintendente de la Superintendencia de Sociedades expuso que la entidad “actúa cuando de oficio o por notificaciones de la ciudadanía encontramos que por hechos objetivos o notorios se presenta captación de dinero en alguna ciudad, municipio del país. Hacemos una investigación administrativa preliminar para que se identifique si realmente estamos frente a una captación ilegal”. 

Aseguró que cuando se identifica que hay captación ilegal, se inicia el proceso de  “intervención judicial”, en el que el juez nombra a un interventor. 

Simultáneamente, según explicó, se le envían copias del expediente a la Fiscalía para que los investigadores realicen lo concerniente a los delitos de estafa y de captación ilegal.